INTRUM como tal nace en el año 2017 como consecuencia de la fusión de las empresas INTRUM JUSTITIA y LINDORFF. Después de la operación, su principal accionista es el fondo de origen sueco  NORDIC CAPITAL con un 43,90% de su capital social y esta inversión se enmarca dentro de su política por la que actualmente tiene una cartera diversificada de 31 compañías participadas, fundamentalmente todas de origen nórdico y que en el plazo de 28 años desde su constitución, ha invertido más de 12 mil millones de euros en cerca de 100 grupos empresariales.

Con el nacimiento de INTRUM se crea una empresa con 8 mil empleados y con operativa presencial en más de 24 países europeos, que presta servicio a más de 80 mil clientes. Cerca de 110 años de experiencia están detrás del nacimiento de LINDORFF y un poco menos, desde 1923, INTRUM JUSTITIA. Cabe destacar que entre sus empleados, principalmente jóvenes, el 63% son mujeres, pero sin embargo, esta proporción varía en los puestos de alta dirección donde el 80% de los directivos son hombres. La baja por enfermedad en la nueva compañía es del 5%.

Dos son las líneas básicas del negocio de  INTRUM: los servicios de asesoramiento tales como apoyar a sus clientes en la optimización de los servicios de crédito, en los de pago o en los de cobro, así como los financieros para trabajar en la financiación y las inversiones. La primera línea de trabajo representa el 62% de la facturación pero solo aporta el 46% del beneficio neto, mientras con la segunda sucede lo contrario, siendo el 38% de las ventas llega a representar el 44% de los resultados. Los principales tipos de clientes proceden de operaciones con bancos (65%), operaciones financieras (15%), compañías de telecomunicaciones (7%) y recobros de tarjetas de crédito y recibos con el 5%. También gestionan carteras de clientes privados que compran deuda vencida y no pagada de terceros, así como préstamos sin garantía que proceden de las entidades de crédito.

Con la fusión de ambas compañías ha habido un lógico crecimiento orgánico. Los fondos propios de INTRUM se han incrementado desde los 400 millones de euros que tenía INTRUM JUSTITIA a finales de 2016, a los 2.240 millones que presenta INTRUM en el cierre del balance de 2017. Su capitalización bursátil es de 2.800 millones de euros, pendiente todavía de demostrar al mercado las sinergias que se presupone en la operación. El precio de valoración de LINDORFF fue de 1.700 millones de euros y el pago se realizó mediante la emisión de nuevas acciones.

Otras partidas que han sufrido variación son las ventas que han aumentado en un 50% hasta los 943 millones de euros y el endeudamiento que se ha multiplicado por seis hasta los 3.600 millones. Esta partida tiene un plazo de amortización superior a 4 años y fundamentalmente está materializada mediante la emisión de bonos. Preocupante es la evolución del beneficio neto que ha disminuido ligeramente hasta los 130 millones de euros. El GRUPO pasa a gestionar una cartera de créditos al cobro de 4.900 millones de euros, de los cuales ha realizado dotaciones hasta dejar la inversión en libros a un costo de 2.200 millones.

INTRUM JUSTITIA ha venido aumentado a un ritmo del 10% su EBITDA los últimos años y la duda puede surgir si nos planteamos si INTRUM podrá seguir manteniendo este ritmo, con un tamaño más grande. En principio se estimó un ahorro anual por reducción de costos e implantación de programas de eficiencia de 200 millones de euros, pero tiene que ser a partir del año 2018 cuando estos datos puedan empezar a ser verificados. Lo que sí parece claro, es que con la nueva estructura de INTRUM, se podrá tener operativa en nuevos países donde alguna de las empresas estaba presente y la otra no, así como utilizar la estructura para crecer en Europa y lograr implantación en otros continentes. Los objetivos económicos son claros, lograr un crecimiento en las ganancias por acción de un 15% y un rendimiento del 13% sobre la deuda adquirida antes del año 2020.

De los países donde actualmente trabaja INTRUM, donde se tiene la principal cartera de deuda es en España, con más de 1.000 millones de euros, seguido de Noruega y ya a mayor distancia Alemania, Italia, Francia, Finlandia y por último Suecia. Llama la atención que en el país de origen su cartera sea de 110 millones de euros, contra los 900 que existen en Noruega. Tal vez el riesgo de reputación, del que más tarde escribiremos, tenga mucho que ver con ello.

España es más rentable en ventas y resultados que la suma de mercados como los belgas, franceses, irlandeses, italianos, holandeses, portugueses  e ingleses juntos. En nuestro país se producen ventas por un importe de 270 millones de euros frente a los 230 de la suma del resto de países. También se consigue un beneficio operativo de 83 millones de euros contra los 52 de las demás naciones unidas y el margen es de un 33% frente al 22%. Mucho de esto explica su implantación, consecuencia de la dura crisis económica por la que atravesamos, el comportamiento de los bancos en la  venta de carteras crediticias, muchas veces posibles gracias a las ayudas públicas recibidas y posiblemente  una legislación mucho más lasa.

A pesar de ello, la fusión con LINDORFF traerá en España un encaje en los centros de trabajo, que llevará consigo la pérdida de 400 puestos de trabajo entre los 1.900 actuales. Hay que tener en cuenta que en el año 2016,  INTRUM JUSTITIA también adquirió SEGESTION, mientras LINDORFF se hizo con el control de AKTUA.

De los datos que facilita la compañía, el retorno que cobra sobre la deuda adquirida asciende en el año 2017 al 16%. INTRUM JUSTITIA en años anteriores estaba en una línea del 20%, por lo que la fusión con LINDORFF, aunque posiblemente de forma temporal, ha perjudicado este ratio. Analizando su balance y cuenta de resultados ausentes de datos más concretos, comprensible por razones de no facilitar información propia que puedan beneficiar a sus competidores, se desprende que el costo medio de adquisición de deuda a terceros, según la calidad y las circunstancias de cada operación, puede oscilar entre un 3% a un 6% del nominal de la misma. Solo de esta forma se explica que los resultados sean los obtenidos. Quizá también porque INTRUM domicilia operaciones en las Islas Mauricio y Luxemburgo,  que posiblemente con ello pueda conseguir mejorar su rentabilidad neta.

En los cuadros que acompañamos se adjunta documentación económica de INTRUM con la que se puede sacar conclusiones de su evolución y su funcionamiento si se estudia en detalle.

Queremos describir a continuación los puntos de vista que presenta INTRUM del negocio que realiza y compararlo con la imagen que transmite a parte de la sociedad su trabajo. En cualquier caso, no entramos en valoraciones.

INTRUM está especializada en ofrecer el servicio de cobro de recibos, de deudas de su propiedad o de terceros, asesorar sobre la posible solvencia de compañías para operaciones comerciales, líneas de FACTORING y evaluación sobre capacidad de reembolso de las operaciones. Su papel no se limita a esta actividad y trata de ayudar a solucionar, mediante distintas alternativas que ofrece a las familias o empresas deudoras, la cancelación de sus compromisos. Con todo ello pretende demostrar el importante papel que puede llegar a realizar en el desarrollo de la sociedad, por un lado ayudando a las empresas a poder crecer vigilando la calidad de los clientes con los que contrata y por otro lado velar con especial interés que se respeten los derechos de privacidad sobre aquellos que han recibido créditos y nos los han podido devolver e INTRUM tiene encomendada su gestión de cobro. Con su nuevo tamaño aspira a convertirse en un futuro, en referencia del sector y centrar su trabajo en la atención al cliente. Para evitar el colapso en la información que maneja, dentro de una política de crecimiento, ha de tener en cuenta la inversión que conduzca a la eficacia, digitalización y análisis. Sin embargo, el proceso de inversión tecnológica parece olvidado, al menos en la manera que merece, en este inicio. La suma de las dos compañías ha realizado a lo largo del tiempo inversiones por 85 millones de euros para estar en vanguardia en procesos tecnológicos e informáticos, pero transcurridos los años y después de las amortizaciones realizadas, su valor en balance es de 18 millones. Tal vez insuficiente, para evitar errores y duplicidades, así como retrasos en la necesidad de información a la dirección y no cometer fallos en los datos que se trasladan a los clientes. Tener avanzados modelos de análisis hace las operaciones mucho más seguras y permite situarse en cuotas nuevas de mercado ofreciendo soluciones de cobro para las compañías dedicadas al E-COMMERCE, por ejemplo.

Con la fusión INTRUM debe tener procesos de control sobre su estructura que sean ágiles, que la documentación sea accesible y que se pueda reportar de una forma sencilla el seguimiento para poder evaluar consecuencias de los riesgos que se pueden asumir y sus consecuencias, así como diversificar las operaciones adecuadamente por modalidades y países.

Al ser una parte muy importante del negocio de INTRUM la gestión de cuentas a cobrar y que estas pueden tener como garantía avales personales o créditos hipotecarios, la compañía se marca como objetivo un trato correcto en las relaciones con los terceros de tal forma que sea respetado tanto quien tiene el derecho de cobro, como las personas que tienen la obligación de pago.

Por ello da instrucciones a sus empleados y colaboradores de normas básicas de funcionamiento que se deben cumplir:

  • Escuchar siempre y tratar de entender los problemas que han derivado en la situación actual.
  • Mostrar una mentalidad abierta y flexible para buscar soluciones.
  • Tener paciencia y no mostrar comportamientos que puedan llevar a la precipitación y por lo tanto, a consecuencias que puedan ser irreversibles para el deudor.
  • Evitar los problemas buscando resultados con un comportamiento responsable. Hay que mostrarse frio pero no insensible ante casos difíciles.

Se ha de tener especial cuidado con las nuevas normativas para el uso y almacenamiento de datos personales así como los cambios regulatorios sobre el lavado de dinero y operaciones no éticas. Dada la presencia de INTRUM en diferentes países, independientemente del cumplimiento de la legislación local en cada país, se debería poner en práctica un código interno por el cual regir su comportamiento con aquellas normativas que sean más beneficiosas para el deudor, independientemente de la nación donde se opere. Esto puede tener un costo, pero a largo plazo puede verse recompensado con creces.

La polémica con el consumidor puede proceder de los contratos bases de las operaciones financieras que fueron firmados en contratos tipo, donde el deudor no tuvo ninguna oportunidad de negociar y en el que se imponía en letra pequeña la posibilidad de ceder la deuda y de dar traslado al adquiriente de la misma de todos las circunstancias personales del deudor. Estas cláusulas son entendidas como una autorización expresa para el uso de datos.

El gran tamaño de la deuda y su enorme diversificación, consecuencia de las crisis económica, han traído consigo el aumento de la empresas de recobro. Es lógico pensar que la actividad de estas sociedades es inversamente proporcional a la bonanza económica. Actualmente en la Asociación ANGECO, están agrupadas 51 compañías de las más de 800 que operan en el país.

La morosidad ha afectado al tejido social tanto a nivel personal, familiar como empresarial, principalmente en el marco de las pequeñas y medianas empresas, lo que sin duda ha provocado diferentes tipos de situaciones. Se han dado casos como el  intento de recobro en operaciones ya pagadas, concluyendo muchas de ellas incluso en el inicio de procedimientos judiciales. El deudor puede sentirse desprotegido con la reclamación de compromisos antiguos, donde ninguna parte conserva documentación, así como con la existencia de múltiples llamadas telefónicas a teléfonos particulares o de familiares, caso de matrimonios o de existencia de avalistas, en diferentes horarios de forma mecánica. También es usual el recibir cartas pre escritas, donde lo único que cambia es el importe de la deuda.

El uso de técnicas de negociación agresivas, donde se llega a amenazar con el alta en un censo de impagos que le puede dificultar la realización de operaciones financieras, las ofertas de descuentos que precipitan toma de decisiones, la falta de documentación que acredite la deuda o de comunicación del titular acreedor y otras múltiples casuísticas, han traído consigo multitud de denuncias en la Agencia Estatal de Protección de Datos o en las Oficinas del Consumidor.

Quizá en una negociación entre deudor y acreedor, donde éste tiene objetivos fijados y el importe reclamado es tan bajo que impide desplazamientos, debe existir dentro de INTRUM una formación continua del personal encargado, incluso apoyada en un departamento externo de psicólogos, que expliquen de una forma independiente las consecuencias que puede producir en una persona recibir la presión con determinadas técnicas y actitudes que provoquen forzar el cobro. Estamos hablando especialmente en casos donde la compra de la deuda, en ningún caso ha sido superior al 5% del precio reclamado. Obviamente para la banca, que vende estas carteras ya dotadas, significa un importante ahorro de costos financieros y una comodidad en la gestión. Muchas de estas operaciones son tan antiguas, que se dan caso donde la sociedad adquiriente se beneficia de un aseguramiento de un mínimo de recaudación trascurrido cierto tiempo.

A veces el deudor tiene la sensación de la existencia de una operación que no llega a entender. Por un lado, cuando profundiza se da cuenta que quien realmente está exigiendo el pago es una sociedad domiciliada en Luxemburgo, que ha encomendado la labor de cobro a INTRUM a cambio de unos honorarios pactados. Recibe una notificación notarial donde se le comunica el cambio de acreedor, donde en ningún momento se reseña el precio de venta de la deuda, al tratarse de una operación global. Si hubiera sido una operación única sobre su deuda, tendría dentro de un plazo determinado, la oportunidad de eliminar el saldo al mismo precio que se realiza la operación, obteniendo un sustancial ahorro.

Es en este sentido, donde a lo mejor debería legislarse en garantía de los intereses de ambas partes. El derecho a poder pagar la deuda al precio de cierre de la operación más un determinado diferencial para el Fondo y que éste pudiera ir aumentando en función del plazo que transcurra hasta la liquidación. Es posible, que con esta fórmula INTRUM y sociedades de su sector, aumentarán sus ingresos del 16% de recobros y los clientes pudieran salir de una situación en la que muchas veces se encuentran por circunstancias sobrevenidas. Podría ser un avance práctico en una legislación sobre segundas oportunidades que en realidad no ha tenido el éxito que se esperaba en su momento.

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