SAREB fue concebido hace 4 años con la idea de intentar solucionar los problemas, que con causa en la crisis del sector inmobiliario, había lastrado las cuentas de las Entidades Financieras de nuestro sistema.
Independientemente, de la situación financiera de nuestras Entidades, el problema se hacía extensivo a las promotoras inmobiliarias, que en años anteriores habían tenido un crecimiento desproporcionado basado en las facilidades crediticias y la ambición desmedida por ganar cuota de mercado.
Como es lógico, esta situación se traslada de alguna manera a las familias, que por diversas circunstancias se vieron afectadas por la crisis (Viviendas compradas a altos precios que no se podían entregar, ejecuciones por falta de pago debido a la pérdida del empleo y un sinfín de circunstancias).
La realidad, y desgraciadamente los números lo corroboran, dicen que SAREB, siendo necesario, se creó con prisas, y en poco tiempo, y con la finalidad de intentar resolver el problema a lo largo de 15 años.
Se tomaron decisiones rápidas para una duración extensiva en el tiempo y sin capacidad de corregir.
Por otro lado, el Estado, que en definitiva era quien avala el funcionamiento previsto, forzó a Entidades Financieras y Compañías de Seguros entre otras, a que conjuntamente, aportarán parte del Capital Social hasta cubrir el 51% del mismo así como riesgos por avales en una cantidad limitada.
Unos y otros no tuvieron visión real de lo que iba a suceder. Las Empresas tiraron el dinero de sus accionistas y el Estado al final tendrá que contabilizar las pérdidas que se ocasionen hasta la liquidación de SAREB como déficit.
Los socios de SAREB deben provisionar sus posiciones en el peor de los casos, para dar credibilidad en sus Balances.
El Estado debe buscar fórmulas para poder compensar estas pérdidas con la puesta en valor de otros activos que pudieran generarle plusvalías (Loterias, Ebro Foods, Aena, Indra Sistemas y otras privatizaciones) de tal forma que cumpla con sus objetivos de déficit.
Dada la situación de SAREB hay que estudiar la posibilidad de cambiar el Consejo de Administración. Socios desmotivados y de salida, y con la participación y riesgos provisionados, no tienen ninguna motivación para estar en el Consejo. El Estado debería tomar el 100% de la Compañía y en consecuencia nombrar un Consejo con personas de una valía y entrega demostrada que represente sus intereses. Se ha de velar por la transparencia, ya que se trata de un tema dado al amiguismo y los favores (tanto en los altos niveles como en los cargos intermedios).
Es obvio que conviene replantearse la política que se ha seguido de comercialización. Es cara y sin resultados.
Otros sistemas de venta permitirían bajar precios, estar más cerca del potencial cliente y vender más rápido hasta la liquidación de la cartera.
En cuanto a la política de personal es claramente desmotivadora. La gran mayoría de ellos son antiguos empleados de Banca, que sufrieron los años de crisis y que no están cómodos con la manera de operar.
En cuanto a las comercializadoras, resultan carísimos, pero su personal también está desmotivados. Han pasado de posibles ERES en las compañías a trabajar para Sociedades controladas por Fondos.
Parece un juego de favores, yo me quedo con el personal, lo voy echando según sea necesario, y tú me das la comercialización. Esto tiene un precio y ese precio es carísimo. Hasta la fecha se han pagado más de 1.000 millones de Euros, con un costo del 21%. Pero esto no ha supuesto una mejora salarial entre los empleados de la Comercializadora sino margen para los propietarios de las mismas.
Estar mas cerca de los problemas reales pueden permitir soluciones a la problemática planteada.
Esto puede traer de forma indirecta:
– Generación de empleo de la terminación de infinidad de edificios deteriorados, aunque se tenga que dar el crédito por perdido.
– Recuperación ordenada del Sector Inmobiliario, y esto puede traer consigo la reaparición de promotores inmobiliarios, que ayuden a resolver problemas.
– Resolver problemas sociales.
Por otro lado, es recomendable que SAREB publique sus cuentas anuales desde el inicio en su página web. Antes estaban y se han quitado, dejando solo las del último año. Sociedades participadas por el Estado tienen las cuentas anuales de los últimos 10 ejercicios y muchas de ellas están en perdidas por la actividad que desarrollan. Esto contribuye a la transparencia y ayuda a conocer la compañía.
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